Juicio político a los ex presidentes
hace 3 años
Presencia
Luego de que la Cámara de Diputados aprobó un formato para la obtención de firmas, con miras a solicitar una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si se investiga y somete a juicio a los expresidentes de la República desde 1988 a 2018, en diferentes puntos de la República ya se recolectan estas firmas.
De acuerdo a lo publicado en medios de comunicación, el propósito de la consulta, es dar a los ciudadanos la posibilidad de decidir si las personas que han ocupado el cargo de presidente de la República deben ser sujetos de investigación y enjuiciamiento por actos de corrupción y otros ilícitos en el ejercicio de sus funciones, como una forma de garantizar el conocimiento de la verdad y la aplicación de la justicia. Por ello la pregunta de esta semana es:
¿Qué opina de la propuesta de enjuiciar a ex presidentes y si cree que sea factible?
Como en todos los ámbitos de la vida, la justicia social es una parte fundamental para el bien común; es decir, para que todos y cada uno recibamos lo que nos corresponde. Por este motivo sería loable enjuiciar a cualquier persona que cometa algún tipo de delito que afecte tanto a su persona como a la ciudadanía.
El mal a causa de cualquier delito debería ser proporcional al resarcimiento y a la justicia: hay que actos malos que afectan en distinto grado a las personas, hago mención en este aspecto a las estructuras de pecado.
Desgraciadamente el tema actual de enjuiciar a expresidentes es más por campaña política que por querer actuar en justicia en contra de ellos si fuesen culpables de algún delito. Hay elecciones el año que entra en varios estados del país, por lo que hay que valerse de cualquier elemento para estar en el foco y hacerse propaganda a costa de ello. Por esta razón, considero que no va a ser factible realizarlo, ya que, informulablemente la mayoría de las personas que se involucran en la política a esos niveles tienen las manos manchadas.
Las negociaciones y cabildeos políticos y económicos al respecto, pienso, no posibilitarán que se lleve a cabo dicha acción.
Ramón Enrique Rodríguez/ Caridad y Verdad
Considerando que el propósito de la consulta es dar a los ciudadanos la posibilidad de decidir, si las personas que han ocupado el cargo de Presidente de la República deben ser sujetos de investigación y enjuiciamiento, por actos de corrupción y otros ilícitos en el ejercicio de sus funciones, como forma de garantizar el conocimiento de la verdad y la aplicación de la justicia; mi opinión versa en una desaprobación del acto.
Los delitos de corrupción y las faltas administrativas graves deben seguir el debido proceso independientemente de la voluntad ciudadana. Y el hecho de ejercer la investigación y sanción recae en las autoridades competentes para el acto, como son la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General.
Hacer una consulta para conocer la voluntad sobre enjuiciar o no, debilita las instituciones, pues su que hacer es dar cumplimiento al marco legal establecido. Por tal motivo, mi opinión versa en ir más allá de si creo o no en que sea factible, si no, en el deber ser del estado de derecho.
Mtra. Yadira Lozano/ Politóloga
El procedimiento que propone el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, de llevar a juicio a los ex presidentes que hayan sido corruptos, mediante una consulta popular, jurídicamente es improcedente. Pues para llevar a cabo el debido proceso se debe partir de la presunción de inocencia que nos ampara a todos los mexicanos.
Ahora bien, si analizamos más allá la intención del presidente, encontraremos que la participación ciudadana en estos casos es muy importante, porque se puede medir la voluntad del pueblo contra los actos de corrupción, que involucra seguramente a políticos de todo el país, incluyendo a empresarios que se han enriquecido ilícitamente.
Lo que se requiere en todo caso son pruebas y elementos que las soporten para enjuiciar a los ex presidentes. Nuestros códigos penales en materia federal y los que se refieren a los ilícitos derivados de la función y administración pública, están adecuados para que prescriban las acciones en corto plazo, de tal manera que se complica la acción en su contra.
Sin embargo, podemos entender que para el Ministerio Público Federal será una tarea difícil, pero lo cierto es, que si la voluntad del pueblo presiona, podrá ser realidad. Los juicios políticos orales y públicos se pueden llevar a cabo, si interviene la mayoría de los mexicanos que voten para que sean procesados. Por eso es importante la consulta.
Recordemos que el presidente en su campaña política prometió que no habrá persecuciones contra los ex presidentes, salvo si el pueblo lo pide. Igualmente se debe procesar todo acto ilícito que salga a relucir de las investigaciones que se llevan a cabo contra los capos detenidos en México y en los Estados Unidos, así como las declaraciones de Emilio Lozoya, Genaro García Luna y César Duarte de las desviaciones que hubo del erario público, en las que seguramente tendremos más personajes involucrados, incluyendo a los huachicoleros.
Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca/ Abogado mediador
Luego de que la Cámara de Diputados aprobó un formato para la obtención de firmas, con miras a solicitar una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si se investiga y somete a juicio a los expresidentes de la República desde 1988 a 2018, en diferentes puntos de la República ya se recolectan estas firmas.
De acuerdo a lo publicado en medios de comunicación, el propósito de la consulta, es dar a los ciudadanos la posibilidad de decidir si las personas que han ocupado el cargo de presidente de la República deben ser sujetos de investigación y enjuiciamiento por actos de corrupción y otros ilícitos en el ejercicio de sus funciones, como una forma de garantizar el conocimiento de la verdad y la aplicación de la justicia. Por ello la pregunta de esta semana es:
¿Qué opina de la propuesta de enjuiciar a ex presidentes y si cree que sea factible?
Como en todos los ámbitos de la vida, la justicia social es una parte fundamental para el bien común; es decir, para que todos y cada uno recibamos lo que nos corresponde. Por este motivo sería loable enjuiciar a cualquier persona que cometa algún tipo de delito que afecte tanto a su persona como a la ciudadanía.
El mal a causa de cualquier delito debería ser proporcional al resarcimiento y a la justicia: hay que actos malos que afectan en distinto grado a las personas, hago mención en este aspecto a las estructuras de pecado.
Desgraciadamente el tema actual de enjuiciar a expresidentes es más por campaña política que por querer actuar en justicia en contra de ellos si fuesen culpables de algún delito. Hay elecciones el año que entra en varios estados del país, por lo que hay que valerse de cualquier elemento para estar en el foco y hacerse propaganda a costa de ello. Por esta razón, considero que no va a ser factible realizarlo, ya que, informulablemente la mayoría de las personas que se involucran en la política a esos niveles tienen las manos manchadas.
Las negociaciones y cabildeos políticos y económicos al respecto, pienso, no posibilitarán que se lleve a cabo dicha acción.
Ramón Enrique Rodríguez/ Caridad y Verdad
Considerando que el propósito de la consulta es dar a los ciudadanos la posibilidad de decidir, si las personas que han ocupado el cargo de Presidente de la República deben ser sujetos de investigación y enjuiciamiento, por actos de corrupción y otros ilícitos en el ejercicio de sus funciones, como forma de garantizar el conocimiento de la verdad y la aplicación de la justicia; mi opinión versa en una desaprobación del acto.
Los delitos de corrupción y las faltas administrativas graves deben seguir el debido proceso independientemente de la voluntad ciudadana. Y el hecho de ejercer la investigación y sanción recae en las autoridades competentes para el acto, como son la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General.
Hacer una consulta para conocer la voluntad sobre enjuiciar o no, debilita las instituciones, pues su que hacer es dar cumplimiento al marco legal establecido. Por tal motivo, mi opinión versa en ir más allá de si creo o no en que sea factible, si no, en el deber ser del estado de derecho.
Mtra. Yadira Lozano/ Politóloga
El procedimiento que propone el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, de llevar a juicio a los ex presidentes que hayan sido corruptos, mediante una consulta popular, jurídicamente es improcedente. Pues para llevar a cabo el debido proceso se debe partir de la presunción de inocencia que nos ampara a todos los mexicanos.
Ahora bien, si analizamos más allá la intención del presidente, encontraremos que la participación ciudadana en estos casos es muy importante, porque se puede medir la voluntad del pueblo contra los actos de corrupción, que involucra seguramente a políticos de todo el país, incluyendo a empresarios que se han enriquecido ilícitamente.
Lo que se requiere en todo caso son pruebas y elementos que las soporten para enjuiciar a los ex presidentes. Nuestros códigos penales en materia federal y los que se refieren a los ilícitos derivados de la función y administración pública, están adecuados para que prescriban las acciones en corto plazo, de tal manera que se complica la acción en su contra.
Sin embargo, podemos entender que para el Ministerio Público Federal será una tarea difícil, pero lo cierto es, que si la voluntad del pueblo presiona, podrá ser realidad. Los juicios políticos orales y públicos se pueden llevar a cabo, si interviene la mayoría de los mexicanos que voten para que sean procesados. Por eso es importante la consulta.
Recordemos que el presidente en su campaña política prometió que no habrá persecuciones contra los ex presidentes, salvo si el pueblo lo pide. Igualmente se debe procesar todo acto ilícito que salga a relucir de las investigaciones que se llevan a cabo contra los capos detenidos en México y en los Estados Unidos, así como las declaraciones de Emilio Lozoya, Genaro García Luna y César Duarte de las desviaciones que hubo del erario público, en las que seguramente tendremos más personajes involucrados, incluyendo a los huachicoleros.
Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca/ Abogado mediador